La emboscada en que cayó José Fernando Ruiz Montejo, El Poni, y tres de sus guardaespaldas, en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, Frontera Comalapa, Chiapas, en los límites de Guatemala y México, el 28 de diciembre de 2020, fue el inicio de una guerra entre cárteles en la entidad, que cada día escala más.

En su conferencia del jueves 15 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las manifestaciones de productores agrícolas de Sinaloa que tenían 31 horas paralizando las operaciones del aeropuerto de Culiacán, en demanda de 7 mil pesos para cada una de las seis millones de toneladas que se están cosechando, calificándolo de movimiento alentado por una organización de productores de élite.

Las movilizaciones de los productores de maíz, trigo y sorgo, en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y otras entidades, obedecen no sólo a factores climáticos o de precios internacionales. Revelan los procesos que están cimbrando a la agricultura global. Confirman el uso creciente de la alimentación como arma geopolítica de las potencias agroalimentarias contra países como México.

La Santa Muerte y Malverde están en todos lados en San Cristóbal de las Casas y en ciudades de Chiapas como Teopisca. Su culto no está encubierto. Los mercados están repletos de elementos rituales propios de su veneración. Las tiendas de herbolaria y magia de la antigua Jovel ahora tienen monumentales Huesudas y Malverdes dando la bienvenida a los fieles.

Las balas calibre .50 y las de los fusiles G3 incrustadas en las paredes de la escuela Caritino Maldonado horadaron el corazón de las familias indígenas de El Charco. En menos de cuatro horas más de 300 militares se concentraron en Ayutla de los Libres y en camiones artillados subieron los caminos pedregosos de la Montaña. El gobierno de Ernesto Zedillo dilapidó presupuesto para mandar comandos especiales del Ejército, armamento sofisticado, camiones Hummer, Torton y helicópteros. Cumplió su amenaza de usar toda la fuerza del Estado para acabar con cualquier brote de insurgencia armada.

Seguramente los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que han trabajado por la justicia por más de 30 años, entenderán que no me puedo detener en este texto a enumerar las razones para disentir totalmente del juicio sumario y falto a la verdad que en su contra se emitió en días pasados desde la voz presidencial. Estamos ante una emergencia más de las que viven los pueblos indígenas en todo el país y, en este caso, una más de las que atentan contra los pueblos zapatistas.