Hasta que los zapatistas se levantaron en armas el 1º de enero de 1994, los señores del dinero y poder chiapanecos ejercieron una explotación salvaje y una violencia despiadada contra indígenas y campesinos. En fincas, plantaciones y monterías, los amos eran dueños de vidas, tierras y recursos naturales de la peonada.

El pasado 3 de diciembre el corresponsal de La Jornada en Chiapas, Elio Enríquez, publicó una noticia que resulta preocupante por lo que puede desatar en activación de agresiones a comunidades zapatistas, justo a unos días de que se cumplan 30 años de alzamiento del EZLN, en cuyo contexto se recuperaron tierras que han ocupado en forma pacífica, continua y pública desde 1995, por cierto no exenta de agresiones de grupos civiles armados para provocar su desplazamiento forzoso.

El 4 de julio de 2022 ingresamos por primera vez a la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Cargábamos con una gran responsabilidad. El desafío no era menor. Comprendimos que era una oportunidad histórica escudriñar los expedientes elaborados por el Ejército y conocer su versión de los hechos trágicos ocurridos entre 1965 a 1990.

Este 17 de noviembre se cumplen 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Seis personas, tres indígenas y tres mestizos, una mujer y cinco hombres, establecieron en Tierra y Libertad, hasta el fondo del Desierto de la Soledad, donde no había ni un alma, un campamento guerrillero. Nueve meses después, en agosto-septiembre de 1984, se unió al contingente el capitán segundo Marcos.

Es complicado plantear un enfoque de derechos bajo el riesgo inminente de ser ubicada del lado de los conservadores, por decir lo menos. Vaya paradoja y, sin embargo, resulta indispensable acercar ese espejo a temas cruciales como la situación de los pueblos indígenas ante la evidente militarización que se ha instaurado en los tiempos de la llamada 4T.