Chiapas es un polvorín a punto de estallar. La violencia se multiplica de manera alarmante. Los ataques armados de paramilitares contra comunidades zapatistas son frecuentes y se intensifican. Grupos del crimen organizado organizan levas de jóvenes para engrosar sus ejércitos. Miles de desplazados viven en el monte o en poblados provisionales. Bandas de delincuentes motorizadas protagonizan en San Cristóbal verdaderas batallas campales para controlar mercados y rutas de drogas. Cárteles pelean a sangre y fuego por el control de la frontera con Guatemala.

Entre el 8 y el 15 de mayo pasados los agricultores maiceros de Sinaloa, con sus modestos y antiguos tractores, tomaron las plantas de Pemex en Topolobampo, Guamuchil y Culiacán en demanda de un precio de 7 mil pesos por tonelada para su cosecha de maíz y de 8 mil para el trigo.

El movimiento de los productores de maíz y trigo de Sonora y Sinaloa continúa y se advierte un endurecimiento en sus posturas. En mucho recuerda al movimiento de los agricultores en torno a la presa de La Boquilla, en Chihuahua, en 2020. Como entonces, un grupo importante de agricultores norteños se enfrenta al gobierno federal tomando instalaciones estratégicas, ahora de Pemex, e impugnan las políticas del centro. Como entonces, es peligroso reducir la inconformidad a una manipulación de los agricultores ricos para golpear al gobierno de la 4T.

Los nuevos “mercados de carbono” y las propuestas que vienen aparejadas entrañan muchos impactos y problemas. Además de que son un engaño, ya que no sirven para enfrentar el cambio climático, conllevan aspectos muy negativos como nuevas formas de despojo y apropiación de territorios indígenas y campesinos. Veamos por qué.

El malestar cunde entre los profesores de educación indígena. De Baja California hasta Quintana Roo realizan concentraciones y protestas. El magisterio oaxaqueño convocó para este 16 de mayo a una movilización del nivel de educación de los pueblos originarios, en Palacio Nacional, a las 6 de la mañana. Poco después, a las 10, planean trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Para el Ejército, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, es miembro de una organización criminal que se dedica al cobro de cuota, extorsión, abigeato y privación de la libertad, en el municipio de Acapulco. Lidera junto con Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente (desaparecido en agosto de 2021) el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, organización creada para delinquir en Guerrero.