El 2 de junio la oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó a México consultas para un panel de solución de controversias bajo el capítulo 31 del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), respecto de la política hacia el maíz y otros cultivos genéticamente modificados (bit.ly/3qsc2Ix). Con esta acción Estados Unidos escaló un nivel más, el conflicto que ha sostenido con México desde hace más de dos años, a raíz del primer decreto presidencial sobre maíz transgénico y glifosato, emitido en diciembre de 2020.

Chiapas es un polvorín a punto de estallar. La violencia se multiplica de manera alarmante. Los ataques armados de paramilitares contra comunidades zapatistas son frecuentes y se intensifican. Grupos del crimen organizado organizan levas de jóvenes para engrosar sus ejércitos. Miles de desplazados viven en el monte o en poblados provisionales. Bandas de delincuentes motorizadas protagonizan en San Cristóbal verdaderas batallas campales para controlar mercados y rutas de drogas. Cárteles pelean a sangre y fuego por el control de la frontera con Guatemala.

Entre el 8 y el 15 de mayo pasados los agricultores maiceros de Sinaloa, con sus modestos y antiguos tractores, tomaron las plantas de Pemex en Topolobampo, Guamuchil y Culiacán en demanda de un precio de 7 mil pesos por tonelada para su cosecha de maíz y de 8 mil para el trigo.

El movimiento de los productores de maíz y trigo de Sonora y Sinaloa continúa y se advierte un endurecimiento en sus posturas. En mucho recuerda al movimiento de los agricultores en torno a la presa de La Boquilla, en Chihuahua, en 2020. Como entonces, un grupo importante de agricultores norteños se enfrenta al gobierno federal tomando instalaciones estratégicas, ahora de Pemex, e impugnan las políticas del centro. Como entonces, es peligroso reducir la inconformidad a una manipulación de los agricultores ricos para golpear al gobierno de la 4T.

Los nuevos “mercados de carbono” y las propuestas que vienen aparejadas entrañan muchos impactos y problemas. Además de que son un engaño, ya que no sirven para enfrentar el cambio climático, conllevan aspectos muy negativos como nuevas formas de despojo y apropiación de territorios indígenas y campesinos. Veamos por qué.

El malestar cunde entre los profesores de educación indígena. De Baja California hasta Quintana Roo realizan concentraciones y protestas. El magisterio oaxaqueño convocó para este 16 de mayo a una movilización del nivel de educación de los pueblos originarios, en Palacio Nacional, a las 6 de la mañana. Poco después, a las 10, planean trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro.