La producción industrial de carnes y sus derivados se está convirtiendo en un enorme problema de contaminación ambiental y despojo de tierras y agua. Es también uno de los mayores factores de cambio climático y el principal destino global de los cultivos transgénicos. Por si fuera poco, la cría industrial confinada de animales se caracteriza por la crueldad y debido al hacinamiento y la gran cantidad de antivirales y antibióticos que se aplican, es un criadero de nuevas enfermedades animales y humanas, como la gripe aviar y la gripe porcina.

Una nueva clase social está a punto de surgir en el campo mexicano. Es la clase de los latifundios energéticos. La nueva legislación no sólo permite el despojo de los predios y territorios de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, sino que reconcentra una parte significativa de la tierra en pocas manos: las de las grandes compañías de hidrocarburos y eléctricas.

Una enorme manta con el retrato de Nestora Salgado García –la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, injustamente presa en el penal de máxima seguridad en Tepic– demanda su libertad. Es seguida por otra de la Casa de Justicia La patria es primero, de la CRAC-PC. Ambas forman parte de la movilización realizada en Tlapa, Guerrero, para conmemorar los 20 años de vida del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

El 22 de julio, un juez de distrito en Yucatán, respondiendo al amparo de organizaciones de apicultores, campesinos y ambientalistas, anuló un permiso otorgado a Monsanto para sembrar soya transgénica en Yucatán, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Jorge Fernández, del Colectivo MA OGM, refirió que con esta decisión se prohíbe, por ahora, la siembra de soya transgénica en el estado de Yucatán, lo cual se suma a las sentencias en el mismo sentido que se emitieron en Campeche, en marzo y abril de 2014, a favor de apicultores mayas.