En 1998, el grupo ETC (entonces llamado RAFI) denunció la existencia de patentes sobre una tecnología que llamó Terminator. Se trata de una tecnología transgénica para hacer semillas suicidas: se plantan, dan fruto, pero la segunda generación se vuelve estéril, para obligar a los agricultores a volver a comprar semilla en cada estación. Fue desarrollada por la empresa Delta & Pine (ahora propiedad de Monsanto) con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Del 15 al 17 de marzo se reunió la Red en Defensa del Maíz, la primer red que alertó en México sobre la contaminación transgénica del maíz, integrada por más de 350 comunidades indígenas y campesinas junto a organizaciones civiles de todo México. La asamblea reafirmó su rechazo al maíz transgénico, señalando el nuevo abuso del gobierno al autorizar a Monsanto una siembra piloto de maíz transgénico en Tamaulipas. También se analizaron y rechazaron leyes que pretenden recortar aún más los derechos indígenas y campesinos, aunque irónicamente llevan títulos como si los defendieran.

El surgimiento de una nueva cepa letal de la bacteria Escherichia coli (E. coli) en los alimentos en Europa pone de manifiesto, nuevamente, el desastre sanitario en que nos ha metido el sistema alimentario agroindustrial. Lo tratan como accidente, pero en realidad es algo cada vez más frecuente, porque es una consecuencia sistémica. Era lo esperable, al igual que el surgimiento de la gripe porcina y la gripe aviar.

No hay nada más imprevisible que el pasado. Ahora parece que los lacandones conservan la selva, por lo que el gobierno de Chiapas, a nombre del programa REDD, les paga en reconocimiento de su espíritu de preservación ambiental. También los entrena para inventariar especies y combatir otros pueblos indios que habitan la región, incluyendo comunidades zapatistas. Esos otros, afirman gobierno y trasnacionales conservacionistas, destruyen la selva. La verdad es muy distinta y contradice la versión oficial y la de los traficantes de conservación.

La defensa que los pueblos de maíz hacen de sus semillas en Tlaxcala, como en otras regiones de México, encuentra sus referentes históricos, culturales, políticos e incluso legales muy lejos de los planteados en las leyes que regulan la propiedad y circulación de las semillas, y que legalizan las siembras de organismos genéticamente modificados (OGM). Por lo menos este es el consenso nacional expresado contundentemente desde la diversidad de acciones colectivas en defensa del maíz en México.

Los programas REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada) son una nueva forma de privatización de recursos naturales. Con las técnicas de vigilancia satelital que requieren y su convergencia con proyectos globales de secuenciamiento genómico de especies, REDD conlleva –además de mayor vigilancia de comunidades– el avance de nuevas formas de biopiratería.