En febrero de 2001 se reunieron en Cancún, a iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), representantes de 12 países con los más altos niveles de diversidad biológica y cultural, para conformar el llamado Grupo de Países Megadiversos Afines. Actualmente sus miembros son: Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenya, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela.

El 14 de mayo pasado, Estados Unidos anunció que iniciaba una demanda contra la Unión Europea, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para forzarla a aceptar la importación de productos transgénicos. La demanda fue presentada en conjunto con Canadá, Argentina y Egipto (juntos responden por 96 por ciento de la producción mundial de transgénicos), con el apoyo de México, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda.

Una de las principales demandas de las organizaciones campesinas fue la renegociación del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entendiendo después de nueve años de topar con pared que una reforma estructural en el campo era imposible con un tratado que obstaculiza y limita las políticas agrícolas internas.

Al inicio del nuevo milenio, de las 100 economías más grandes del planeta, 51 eran empresas y 49 países. El ritmo de fusiones y adquisiciones corporativas se aceleró vertiginosamente en la pasada década y actualmente representan más de 12 por ciento del producto bruto global. Las ventas de las 500 mayores trasnacionales equivalen a 47 por ciento del producto bruto del planeta, pero solamente dan empleo a 1.59 por ciento de la fuerza de trabajo mundial.

Jerry Rosman, porcicultor de Iowa, comenzó a tener repetidos casos de falsos embarazos entre los cerdos que cría hace 30 años. Gastó miles de dólares en análisis en diferentes laboratorios que no esclarecieron el caso, descartó otras posibles causas, y finalmente suspendió el maíz transgénico en la alimentación de los cerdos, y el problema desapareció.

El sector agrícola mexicano ha sido objeto de una reforma estructural desde finales de los ochenta y comenzó de lleno cuando el país ingresó al GATT. Ello resultó en la “arancelización” de las licencias de importación para la mayoría de los productos agrícolas, seguida de las reformas la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Estas reformas entrañaron, entre otras medidas, la eliminación de los precios de garantía del trigo, el sorgo, el arroz, la soya y otras oleaginosas (aunque se conservaron los del maíz y el frijol).