La presentación al Congreso de las iniciativas de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena por parte del Ejecutivo y del PAN plantea cuatro dilemas de fondo: se legisla con los pueblos indígenas y el EZLN o al margen de ellos; se legisla para la paz o para la guerra; se legisla desde los acuerdos de San Andrés o desde las plataformas partidarias; se legisla buscando que la realidad indígena tenga un marco legal o se hace una reforma que obligue a los pueblos indios a seguir viviendo en la simulación.

Pareciera ser que el gobierno federal está decidido a tratar de sepultar el conflicto chiapaneco en un alud de declaraciones pirotécnicas.

Sin pedir permiso y sin esperar a que el Congreso legisle para legalizar su existencia, las comunidades indígenas rebeldes en Chiapas construyen la autonomía en los hechos.

En la larga cadena de compromisos incumplidos por el gobierno federal, los acuerdos de San Andrés ocupan un lugar especial: son la cereza que corona el pastel.

¿A cuál de todas las declaraciones presidenciales hay que creerle, a las de Kanasín o a las de Davos? ¿En qué puntos de la iniciativa de ley de la Cocopa se fragmenta al país o se vulnera su soberanía o existen ambigüedades en su redacción?

Para el gobierno mexicano, la soberanía y la autosuficiencia alimentarias han dejado de ser una meta en el marco del libre comercio, del que es entusiasta promotor. A lo sumo, plantea una seguridad que se traduce en tener suficientes divisas para comprar los productos básicos en el mercado mundial. En la práctica esa política, lejos de responder únicamente a la fe ciega en los principios teóricos de la liberalización económica, resulta estar impulsada por intereses privados. El caso de las importaciones de maíz en 1996 es sólo un ejemplo.