A más de un mes de la matanza de Acteal, cercado internacionalmente y sin credibilidad dentro del país, el gobierno federal ha comenzado a articular una nueva política hacia Chiapas.
Sus puntos centrales han sido el discurso del presidente Zedillo el 22 de enero en Kanasín, Yucatán, el redimensionamiento otorgado a la Conai y a la Cocopa, la supuesta liberación de presuntos zapatistas, y la reunión del secretario de Gobernación con diputados en el palacio legislativo de San Lázaro.

Los últimos acontecimientos en Chiapas muestran que la matanza de Acteal no fue una acción descontrolada de grupos paramilitares sino la primera parte de un libreto planificado desde el poder.

En la disputa por la interpretación del genocidio derraman lágrimas de pricodrilo, señalan con índice de fuego a los zapatistas y llaman a que se les desarme, hacen filosofía barata sobre la condición salvaje del alma indígena y elaboran (quizás como acto reflejo de la crisis en la que se encuentra la familia revolucionaria) una antropología del conflicto barata que pretende explicarlo como resultado de diferencias interfamiliares e intercomunitarios.

Una pequeña ``epidemia'' legislativa sobre derechos indígenas se ha presentado en diversos congresos estatales. En los últimos dos años se han modificado varias constituciones locales y leyes secundarias. Irónicamente, el principal foco transmisor de esta ``epidemia'', la negociación nacional entre el EZLN y el gobierno federal sobre derechos y cultura indígenas de San Andrés, espera aún su momento legislativo. El compromiso gubernamental de promover una reforma constitucional para materializar los acuerdos alcanzados sigue sin cumplirse.

Este 11 de octubre el Congreso Nacional Indígena (CNI) cumplió su primer año de vida. En poco tiempo se ha convertido en la organización indígena nacional más amplia y representativa del país, y en una de las fuerzas sociales más dinámicas en el espectro político nacional.

Una nueva moda se ha impuesto entre los funcionarios del sector agropecuario: la de hacer dumping en contra de los productores nacionales. El año pasado le tocó a los maiceros que vieron cómo el gobierno autorizó una importación récord (8.3 millones de toneladas), a los precios más caros en años, justo cuando se tenía dentro del país una cosecha récord. Ahora es el turno de los cafetaleros.