En la disputa por la interpretación del genocidio derraman lágrimas de pricodrilo, señalan con índice de fuego a los zapatistas y llaman a que se les desarme, hacen filosofía barata sobre la condición salvaje del alma indígena y elaboran (quizás como acto reflejo de la crisis en la que se encuentra la familia revolucionaria) una antropología del conflicto barata que pretende explicarlo como resultado de diferencias interfamiliares e intercomunitarios.

Una pequeña ``epidemia'' legislativa sobre derechos indígenas se ha presentado en diversos congresos estatales. En los últimos dos años se han modificado varias constituciones locales y leyes secundarias. Irónicamente, el principal foco transmisor de esta ``epidemia'', la negociación nacional entre el EZLN y el gobierno federal sobre derechos y cultura indígenas de San Andrés, espera aún su momento legislativo. El compromiso gubernamental de promover una reforma constitucional para materializar los acuerdos alcanzados sigue sin cumplirse.

Este 11 de octubre el Congreso Nacional Indígena (CNI) cumplió su primer año de vida. En poco tiempo se ha convertido en la organización indígena nacional más amplia y representativa del país, y en una de las fuerzas sociales más dinámicas en el espectro político nacional.

Una nueva moda se ha impuesto entre los funcionarios del sector agropecuario: la de hacer dumping en contra de los productores nacionales. El año pasado le tocó a los maiceros que vieron cómo el gobierno autorizó una importación récord (8.3 millones de toneladas), a los precios más caros en años, justo cuando se tenía dentro del país una cosecha récord. Ahora es el turno de los cafetaleros.

Impacientes como son los wirrarica (``el que sabe'', o los huicholes) dieron a los gobiernos federal y de Nayarit y Jalisco, un plazo de 48 horas para resolver un conflicto agrario-territorial con 40 años sin solución.

Una vez más en el sector forestal se enfrentan dos proyectos de desarrollo: el que impulsan sus poseedores o propietarios —agrupados en 8 mil 417 ejidos y comunidades, en los que habitan alrededor de 12 millones de personas, la mayoría indígena, a quienes pertenecen el 80% de los recursos forestales del país y una minoría de pequeños propietarios privados, dueños del 15% de las tierras forestales— y de otra parte el de las grandes empresas multinacionales productoras de celulosa, no más de 1000 en el mundo, interesadas en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en México.