El pasado 13 de febrero, mientras arremetía contra los ``intereses políticos de falsos redentores'', el presidente Zedillo calificó al secretario de Agricultura Labastida Ochoa con un 9.3, y señaló: ``Espero que a la próxima sea 10''. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Agricultura (Sagar) parece creer que las notas que le asignó su jefe son injustas y que no debe esperar el próximo examen para llegar al 10.

Ocultas por la polvareda de la confusión que han levantado la pirotecnia legal de algunos juristas y las acusaciones apocalípticas que anuncian la desintegración de la República, se esconden las verdaderas razones por las que el gobierno federal se niega a cumplir con su palabra y legislar en materia de derechos y cultura indígena en los términos acordados en San Andrés.

El último eslabón de la ofensiva pública gubernamental en el campo de batalla por las reformas constitucionales tuvo lugar en Xilitla, San Luis Potosí.
Allí el presidente Zedillo apareció nuevamente al frente de la campaña anunciando que su gobierno impulsaría y promovería reformas constitucionales y legales para garantizar la igualdad de las comunidades indígenas (no de los pueblos indios).

De aprobarse las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas se habrán conquistado, tanto una victoria de la memoria contra el olvido como un paso firme hacia la reforma del Estado.

En breve el Congreso de la Unión deberá aprobar un conjunto de reformas constitucionales en las que se materializará parte de un nuevo pacto entre el Estado y los pueblos indígenas.

El zapatismo no ``inventó'' la lucha indígena pero le dio una dimensión nacional, estimuló su crecimiento, unificó a muchas de sus corrientes, arrancó al Estado el compromiso de hacer reformas constitucionales profundas y le facilitó la construcción de una plataforma organizativa relativamente estable.