Ahora que todos sabemos que la Asociación Mexicana de Semilleros (Amsac) felicitó a los diputados por aprobar la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo (https://bit.ly/3cFlGLL), intentamos avanzar en sus posibles motivos.

El Consejo Directivo de la Amsac integra a los gigantes genéticos Syngenta y Bayer, ahora dueña de Monsanto, y tiene como uno de sus socios estratégicos a Corteva, fusión de Pioneer-Dupont-Dow. Estas tres corporaciones solicitaron la gran mayoría de permisos para siembra de maíz transgénico en el país entre 2009 y 2012.

El 24 de marzo, en medio de la crisis por el Covid-19, se aprobó la llamada Ley federal para el fomento y la protección del maíz nativo, con el voto unánime de la Cámara de Senadores. Con tal título muchos habrán supuesto que sería una norma para detener el asalto de las empresas trasnacionales de transgénicos sobre las semillas, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Lamentablemente, no es así.

A un mes de la trilla del maíz y como parte de los programas de reactivación económica que impulsa el gobierno para paliar la crisis que se agudizará por la pandemia del coronavirus, el pasado 25 de marzo se anunció un nuevo precio de garantía para los medianos productores del grano en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

La jornada 

El territorio y los recursos naturales de la comunidad de Santa María de Ostula, en la costa de Michoacán, están en disputa. Es, literalmente, una lucha por la vida y la muerte, en la que los comuneros defienden su tierra y su hábitat de los embates del crimen organizado.

La pobreza y precariedad en que viven comunidades y habitantes de la Península de Yucatán no son producto de su supuesto aislamiento del mercado mundial. Desde hace más de un siglo no existe tal cosa. A través de la industria henequenera, las explotaciones forestales, las granjas porcícolas, los proyectos extractivos, el gran turismo, el territorio peninsular y sus pobladores están estrechamente integrados a éste.