El cuerpo de Noé Jiménez Pablo, rociado con ácido, fue encontrado en un basurero, a tres kilómetros de la cabecera municipal de Amatán, Chiapas. Tenía balas en el abdomen y el pecho. Su cabeza y rostro estaban completamente desfigurados.

Un día antes, el 17 de enero, un grupo de pistoleros al servicio de los hermanos Carpio Mayorga, caciques de Amatán, salieron de la casa del ex presidente municipal Wilber, hermano de Manuel, el actual alcalde, con pasamontañas y armas de alto calibre. Dispararon y golpearon salvajemente a los integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común, quienes, desde hace cinco meses, instalaron un plantón pacífico frente al palacio municipal, para exigir la destitución del edil. Noé quedó tendido en el suelo hasta que los paramilitares se lo llevaron.

La mayoría de los proyectos extractivos, de hidrocarburos y de energías renovables, así como los proyectos de infraestructura pretenden instalarse en las tierras de los pueblos indígenas, de ahí que resulta necesario que el nuevo gobierno ponga por delante el interés de los dueños y poseedores de los territorios y sus propuestas alternativas para el buen vivir, antes que favorecer los intereses de las corporaciones que pretenden despojarlos. Para ello, tendrá que cambiar el andamiaje jurídico institucional construido para favorecer y legalizar la desposesión de los pueblos.

Una de las principales consideraciones de los pueblos indígenas y campesinos al emitir su voto el pasado primero de julio fue garantizar su derecho a la tierra y al territorio. Era necesario detener el despojo de sus tierras y bienes naturales por las industrias extractivas, energéticas o de desarrollo de megaproyectos. El triunfo del candidato de Morena a la Presidencia del país, con más de 8.7 millones de votos por parte de la sociedad rural fue la muestra de su decisión.