La receta es vieja y fallida, pero no se cansan los grandes contaminadores de usarla. En lugar de reducir las emisiones de gases que causan el caos climático, pagan a alguna comunidad o ejidatarios para que sigan cuidando su bosque o a otros actores para que planten monocultivos de soya, palma aceitera y otros cultivos, lo cual supuestamente absorbe dióxido de carbono y compensa que las empresas sigan contaminando.

El 18 de agosto se presentó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi ocho años el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Ello en Palacio Nacional en presencia del Presidente de la República, en un encuentro sin posibilidad de diálogo sobre un documento cuya existencia conocieron en ese momento. Lo señalado sobre su contenido es de tal magnitud e impacto que sólo atinaron a expresar que lo revisarían y después emitirían opinión.

“Me chingan a todos a discreción. Mátalos a todos, Iguala es mía”, habría ordenado José Luis Abarca Velázquez, El A1, ex alcalde de esa ciudad. Según el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue El Guarachero –como le apodaban al ex edil, cuando era un humilde comerciante– quien ordenó desaparecer a los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa.

Escalofriante. El coronel José Rodríguez Pérez, responsable de 27 Batallón de Infantería de Iguala, habría dado la instrucción de ultimar y desaparecer a seis estudiantes de Ayotzinapa que se mantenían con vida cuadro días después del ataque del 26 de septiembre de 2014. Los militares no sólo no hicieron nada para protegerlos, aunque sabían en tiempo real lo que sucedía. No sólo falsearon lo sucedido. Simple y llanamente, los asesinaron y desaparecieron, al menos, a parte de los 43 jóvenes.

Tres acontecimientos se empalman en la masacre de Ayotzinapa. El central es la salvaje agresión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por el crimen organizado, militares y policías. El segundo consiste en la decisión de agentes estatales de distinto nivel de no intervenir para evitar que el crimen se consumara, pese a contar con información en tiempo real de lo que acontecía.

El 9 de agosto de 2003, en Oventic, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la creación de los caracoles y las juntas de buen gobierno, en sustitución de los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MARZ), cuyas funciones continuarían. Se propuso una auténtica segunda instancia de mediación y resolución de conflictos a través de las juntas para atender denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos la corrección de estos errores y para vigilar su cumplimiento.