En las últimas semanas se han sucedido una serie de importantes asambleas y foros en el estado de Oaxaca, convocadas por comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. El 20 de noviembre, reunidas en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, acordaron fortalecer las luchas que las comunidades llevan a cabo desde hace años e incluso décadas, articulándose en la campaña ¡No es desarrollo, es despojo!

Muy preocupante el acuerdo presidencial que hace dos semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Para fines prácticos establece que a cinco días de presentada la solicitud en torno a un proyecto, si no se ha otorgado autorización provisional expresa se entenderá resuelta en sentido positivo. Dicha autorización dura un año para obtener la definitiva.

A la cárcel por guardar semillas de su propia cosecha. Suena increíble pero es la consecuencia que ha tenido en varios países la aplicación de leyes que otorgan propiedad intelectual sobre semillas a grandes empresas, con la protección del convenio UPOV (Unión internacional de Protección de Obtenciones Vegetales), institución que esta semana cumple 60 años. Podría pasar en México con la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez, quien argumenta que es para armonizarla con el T-MEC y otros tratados de libre comercio.

Los saldos positivos de la balanza agropecuaria en México tienen un rostro invisible: la devastación ambiental y la explotación salvaje de la mano de obra. El gran éxito de la agricultura de exportación mexicana camina de la mano de la degradación de tierras, el abatimiento de los mantos freáticos, el agravamiento de la dependencia alimentaria y la despiadada utilización de jornaleros agrícolas en las modernas fincas agroindustiales.

El 22 de noviembre el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que contiene un acuerdo del Presidente de la República y su gabinete, que a todas luces se aparta de varias disposiciones constitucionales y contraviene otras de carácter legal. El acuerdo consta de tres artículos, pero lo estrecho de su tamaño no se corresponde con lo amplio y grave de su contenido.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras reuniones del pleno los días 8, 11 y 16 de este mes, sobre el conflicto de límites entre los estados de Chiapas y Oaxaca amerita un análisis más allá de sus efectos formales. Primero habría que reconocer que esta controversia constitucional permite observar que el ministro José Fernando Franco asumió un trabajo y postura encomiables al elaborar un proyecto con una visión de tomar los derechos en serio y do¬cumentar un respaldo pericial en diversas ramas que dieron sustento al mismo.