Ciudad de México, a 1º de abril de 2022

Al C. Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

A la Opinión Pública

Por qué nos oponemos al Tren Maya

Desde que se anunció el Proyecto de Desarrollo Integral Tren Maya, en noviembre de 2018, unos días antes de que usted tomara posesión, le dirigimos una respetuosa carta en la que expusimos las razones por las que la obra no debía llevarse a cabo, con argumentos y datos que provenían tanto de estudios científicos, como de la sabiduría de los pueblos que habitan la región.

En su acepción más general, un río es una corriente de agua, más o menos caudalosa, que recorre la superficie terrestre de alguno o varios pueblos y en su recorrido se une a otras corrientes para formar grandes caudales que desembocan en algún lago o directamente en el mar.

Es un hecho que, en su resistencia histórica, los pueblos indígenas se movilizan, unos para promover y fortalecer su organización autonómica en defensa de sus territorios, sin confiarse en que del Poder Ejecutivo en turno emanará la protección a los mismos.

La privatización eléctrica implica pérdida de autoridad pública y soberanía sobre un sector estratégico. La transferencia de la propiedad y el control de la electricidad del sector público a manos privadas no es una demanda ciudadana, es la vía para que éstas obtengan grandes ganancias. Es falso que mejore la eficiencia y la calidad del servicio, promueva la innovación y baje costos. Las evidencias muestran que, prácticamente en todo el mundo, el servicio público tiende a ser más barato que el privado.

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El 9 de marzo 2022, un tribunal colegiado otorgó una suspensión definitiva de las obras en los tramos 1, 2 y 3 del mal llamado Tren Maya, tramos que van desde Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán (fase 1). En respuesta, el gobierno federal anunció que de todos modos continuará las obras, desobedeciendo así el mandato judicial y peor aún, violando nuevamente los derechos indígenas de los pueblos afectados por estas obras.

Ya es un hecho que en la llamada 4T no hay posibilidad de que desde el Presidente de la República se establezcan condiciones para alcanzar la justiciabilidad del derecho indígena , ello a la luz de las violaciones y restricciones que en tres años se han venido colocando, coincidentes, por cierto, con la razón de Estado que prevaleció, al decidir y avalar, sucesivamente los tres poderes, la mutilación y distorsión del alcance de la contrarreforma indígena de 2001. Hoy, como ayer, la problemática de los recursos naturales, es el corazón de la referida razón de Estado.