El triunfo de la comunidad nahua del Tecoltemi, al lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cancelara las concesiones mineras en su territorio, debe ser el primero de una larga serie en favor de los pueblos originarios contra el extractivismo y la depredación de sus territorios.

Como si fuera cosa del diablo que buscaba salir a la superficie desde lo más profundo del infierno, un enorme agujero se abrió en los terrenos de labranza de Santa María Zacatepec, Puebla. Con apetito imparable, el hoyo creció día tras día. Comenzó el 29 de mayo de 2021, con diámetro de cinco metros. En menos de un día alcanzó 30. Al poco tiempo llegó a 100 metros. Ahora tiene casi 130 y 30 metros de profundidad.

Uno de los objetivos del gobierno de López Obrador es la autosuficiencia alimentaria. En el marco del aumento de las importaciones de maíz al cierre del gobierno de Peña Nieto, que alcanzaron la cifra récord de 17 millones de toneladas, la nueva administración se propuso expresamente disminuir sus importaciones y alcanzar la autosuficiencia alimentaria en el grano. La meta de la Secretaría de Agricultura (Sader) todavía es reducir 50 por ciento las importaciones de maíz para 2024.

El 12 de octubre de 2020, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México tomó la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tras varios años de lucha, gestiones burocráticas interminables ante el Gobierno de la Ciudad de México. Lo decidió como repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas más elementales.

Los y las abajo firmantes, comunidades, ejidos y organizaciones sociales de todo México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que... EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA

El análisis de la Ley Minera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede postergarse. Es una exigencia de los pueblos indígenas para que ese tribunal fije su postura en la defensa de sus derechos colectivos. Así lo planteó en 2014, la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso (Juba Wajiín) en la Montaña de Guerrero, que solicitó a la SCJN que reasumiera su competencia originaria y analizara la constitucionalidad de la Ley Minera.